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¿Por que las alarmas sin cuotas alarmashouse?

 

Cuándo es obligatorio conectar una alarma a una Central Receptora

 

Donde puedo instalar mi alarma sin cuotas de alarmashouse ?

 

El 1 de Febrero de 2011 se aprobaron varias órdenes ministeriales (INT 314 a 318) para regular de manera más concreta algunos aspectos de la seguridad que quedaron tratados de manera incompleta en el Reglamento de Seguridad Privada (RD 2364/1994 del 09-12-1994).

 

Una de esas órdenes, la INT/317/2011 01-02-2011, establece que determinadas actividades y negocios estarán obligados a disponer de ciertas medidas de protección activa y pasiva, contra robo u atraco (sistema de videovigilancia, caja fuerte, alarma, etc), y especifica las características de esas medidas. Estos negocios obligados son: entidades de crédito, armeros, joyerías y platerías, galerías de arte y tiendas de antigüedades, gasolineras y otros suministros de carburantes, farmacias, loterías, y locales de apuestas (casinos, bingos, máquinas recreativas). Exceptuando a las farmacias, todos los otros establecimientos obligados tienen que disponer de una alarma conectada a una Central Receptora de Alarmas y también de un sistema de grabación y registro de imágenes (videovigilancia / CCTV).

 

 

El resto de negocios y viviendas particulares, NO están obligados a conectarse a una Central Receptora de Alarmas. Pero pueden disponer de alarma, y el conectarla o no a una Central Receptora es, desde el punto de vista legal, algo opcional. Nuestros sistemas homologados de alarmashouse te permite realizar las dos opciones.

 

 

La ciudad de Madrid es la región con más hurtos en vivienda, registrando más robos que en Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga juntas, como señala el estudio emitido por la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), que aglutina a 234 entidades aseguradoras de España.

 

La capital española lidera en términos tanto absolutos como relativos esta estadística, publicado en la Memoria Unespa, habiéndose producido 50.000 robos, el equivalente a 7,7 robos por cada mil habitantes. Con un total de 80.000 incidentes en 10 millones de viviendas en toda España, el informe presentado por la Asociación Empresarial del Seguro confirma que la capital es la más propensa a recibir atracadores en sus casas.

 

Esta Memoria Social también da cuenta del coste medio de los siniestros que sufren las viviendas. En concreto, los datos muestran que los robos tienen un coste superior a los 1.500 euros de media en las provincias de Toledo, Gerona, Barcelona, Murcia, Baleares, Orense y Guadalajara. El robo más grave se registró la madrugada del 6 de enero en la ciudad gallega, con un coste superior a los 300.000 euros. Por otro lado, los más modestos se dan en Palencia, Asturias, Lugo y Álava, donde los asaltos tienen, de media, un coste inferior a los 1.000 euros.

 

Madrid, Sevilla y Melilla son las tres ciudades con el ratio más alto de robos por cada mil habitantes, 7,7, 6,8 y 6,5 respectivamente. De este modo, Madrid lidera también, en términos relativos, esta particular estadística. En esta provincia, se produjeron casi 50.000 robos en las casas de los más de 6 millones de madrileños.

 

Contradiciendo la creencia popular de que es en verano cuando hay más probabilidad de asalto en viviendas, el invierno es la temporada alta de robos en hogares, con los meses de enero, febrero y marzo como preferidos por los ladrones para actuar. En el caso de la Comunidad de Madrid, Murcia y Cataluña también se suma el mes de agosto. En estos cuatro meses negros, Tarragona es la provincia que presenta una mayor probabilidad de asalto: un 65% más que la media nacional. La otra cara de la moneda la representan Navarra, Galicia, Asturias y Castilla y León, con una menor frecuencia de robo y con una probabilidad un 50% por debajo de la media española.

 

 


 

¿Donde puedo instalar cámaras de seguridad?

 

CUÁNDO DEBEN APLICARSE LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS A LOS TRATAMIENTOS DE IMÁGENES?

 

El concepto de dato personal incluye las imágenes cuando se refieran a personas identificadas o identificables. Por ello, los principios vigentes en materia de protección de datos personales deben aplicarse al uso de cámaras, videocámaras y a cualquier medio técnico análogo, que capte y/o registre imágenes, ya sea con fines de vigilancia u otros en los supuestos en que: Exista grabación, captación, transmisión, conservación, o almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real o un tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas. Tales actividades se refieran a datos de personas identificadas o identificables. Para que se pueda utilizar un sistema de esta naturaleza no basta con que éste reúna los requisitos técnicos que lo permitan funcionar. Debe existir legitimación para ello. Esto ocurrirá cuando: Se cuente con el consentimiento del titular de los datos personales. Ej. Se trata de supuestos todavía infrecuentes.

No obstante se ha planteado en el caso del acceso a las imágenes de guarderías por los padres, o en el desarrollo de investigaciones científicas. Una norma con rango de Ley exima del consentimiento, como en los casos previstos por la Ley de Seguridad Privada o en el del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. 7 Ej. No requerirá el consentimiento el uso de videocámaras para garantizar la seguridad de bienes y personas siempre que la instalación o el mantenimiento de las mismas la haya realizado una empresa de seguridad autorizada. Se dé alguna de las circunstancias previstas por el artículo 6.2 LOPD u 11.2 LOPD que resulten de aplicación a este tipo de medios: Además, si la legislación vigente impone algún requisito adicional éste deberá cumplirse.

Por otra parte, existen casos en los que no procede aplicar la LOPD: No se aplica al tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar. Ej. No se aplican los principios de protección de datos a las grabaciones realizadas en el contexto de un viaje turístico o en una celebración familiar.

Al tratamiento de imágenes por los medios de comunicación en el ejercicio legí- timo de los derechos que les confiere el artículo 20 de la Constitución Española. Ej. La emisión de un informativo de televisión o la edición de un periódico. Sin perjuicio de las previsiones específicas de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos, a estos tratamientos se les aplica supletoriamente la LOPD en aspectos como la creación de ficheros mediante disposición de carácter general publicada en un diario oficial, que más adelante se examinan.

 

 

CÁMARAS CON ACCESO A LA VÍA PÚBLICA ?

 

La legitimación para el uso de instalaciones de videovigilancia se ciñe a la protección de entornos privados. La prevención del delito y la garantía de la seguridad en las vías públicas corresponden en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 

Por tanto la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle desde instalaciones privadas.

 

No obstante, en algunas ocasiones la protección de los espacios privados sólo es posible si las cámaras se ubican en espacios como las fachadas.

 

A veces también resulta necesario captar los accesos, puertas o entradas, de modo que aunque la cámara se encuentre en el interior del edificio, resulta imposible no registrar parte de lo que sucede en la porción de vía pública que inevitablemente se capta.

 

Por todo ello el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 dispone: 3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. 

En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida. Para que esta excepción resulte aplicable, no deberá existir una posibilidad de instalación alternativa. Debe tenerse en cuenta que: La utilización de instalaciones de videovigilancia en la vía pública se reserva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos.

El artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 no constituye una habilitación para captar imágenes en espacios públicos. El responsable del fichero adecuará el uso de la instalación de modo que el impacto en los derechos de los viandantes sea el mínimo posible.

En ningún caso se admitirá el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno objeto de la instalación y en particular en lo que se refiere a los espacios públicos circundantes, edificios contiguos y vehículos distintos de los que accedan al espacio vigilado. 24 La señalización garantizará en todo caso los derechos de los afectados.

Las indicaciones de uso y seguridad facilitados al personal contendrán de modo expreso instrucciones específicas que garanticen un uso adecuado y proporcional de los recursos.

 

ENTORNOS ESCOLARES Y MENORES

 

La captación de imágenes en entornos escolares no se encuentra vedada pero requiere adoptar ciertas cautelas. La instalación de cámaras de videovigilancia en un centro escolar con el fin de controlar conductas que puedan afectar a la seguridad ha de ser una medida proporcional en relación con la infracción que se pretenda evitar y, en ningún caso, debe suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia.

La utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo. La instalación de cámaras de videovigilancia sería una medida proporcional y justificada si se cumplen los siguientes requisitos: Que se trate de una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto.

Que no exista otra medida mas moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia.

Que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. 26 Los menores son sujetos merecedores de una especial protección por lo que el principio de proporcionalidad debe aplicarse con un rigor extremo. Por ello, en entornos como colegios, guarderías, centros lúdicos cuyo público objetivo sean los menores y espacios similares la instalación de videocámaras sólo será legítima cuando derive de una necesidad ineludible, cuando la medida sea la más adecuada y siempre que no exista una medida alternativa menos lesiva para los derechos del menor. En particular:

La zona objeto de videovigilancia será la mínima imprescindible abarcando espacios públicos como accesos o pasillos. En ningún caso podrán instalarse estos medios en espacios protegidos por el derecho a la intimidad como baños, vestuarios o aquellos en los que se desarrollen actividades cuya captación pueda afectar a la imagen o a la vida privada como los gimnasios. Salvo en circunstancias excepcionales, no resulta admisible la captación de imá- genes con fines de control de asistencia escolar.

El uso de videocámaras con fines de seguridad en espacios de juego, aulas y otros ámbitos en los que se desarrolla la personalidad de los menores sólo podrán ser objeto de grabación en presencia de circunstancias excepcionales, justificadas por la presencia de un riesgo objetivo y previsible para la seguridad de los menores. Por último, en entornos escolares cabe el uso de videocámaras para la prestación de otros servicios que se examinan en un apartado posterior.

 

ESPACIOS PÚBLICOS DE USO PRIVADO

 

Una gran parte de la vida privada de las personas se desarrolla en espacios públicos de uso privado como establecimientos comerciales, restaurantes, lugares de ocio etc. La garantía del derecho a la protección de datos se extiende también a estos ámbitos. Por ello, cuando se pretenda instalar sistemas de videovigilancia en los mismos, deberán ponderarse los derechos y garantizarse el cumplimiento estricto del principio de proporcionalidad. Así, a título de ejemplo: En ningún caso resulta admisible la instalación de cámaras en baños o vestuarios.

Si bien puede resultar justificable el uso de técnicas de videovigilancia en lugares de ocio ésta deberá respetar los derechos de las personas: No grabando conversaciones. No utilizando las imágenes con fines comerciales o promocionales salvo autorización del afectado, y en particular para su emisión a través de Internet. En espacios como gimnasios, balnearios o “Spa” etc., pueden captarse imágenes susceptibles de afectar a los derechos a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos.

Deberán tenerse en cuenta estas circunstancias respetando tales derechos no captándose imágenes de personas identificadas o identificables en los lugares en los que se realiza materialmente la práctica deportiva o se reciban este tipo de servicios. 

 

VIDEOPORTEROS

La Instrucción 1/2006 excluye expresamente su aplicación a imágenes obtenidas en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar.

Por tanto, en aquellos casos en los que la utilización de videoporteros se limite a su función de verificar de la identidad de la persona que llamó al timbre y a facilitar el acceso a la vivienda, no será de aplicación la normativa sobre protección de datos

Sin embargo, si el servicio se articula mediante procedimientos que reproducen y/o graban imágenes de modo constante, y resultan accesibles -ya sea a través de Internet o mediante emisiones por la televisión de los vecinos-, y en particular cuando el objeto de las mismas alcance al conjunto del patio y/o a la vía pública colindante, resultará de plena aplicación la Instrucción 1/2006.